Una nueva ley de libros – ABC Color


En octubre del año pasado, el senador Adolfo Ferreiro presentó un proyecto de ley que actualiza a la vigente Ley de Libros, que data de 1991. Hasta ahora, el documento no fue tratado y urge que los legisladores se interesen en él. Aquí, un breve resumen.

La situación de los hábitos e índices de lectura en el país presenta un panorama poco claro. Todos los estudios que se pueden mencionar a través de fuentes hablan de un bajo promedio de parte del paraguayo hacia este hábito, que generalmente está vinculado a un mejor desarrollo profesional y personal.

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El proyecto implica una actualización en la legislación para el fomento de la lectura y para los editores en cuanto al agregado de las plataformas digitales, que están actualmente en un territorio neutral en cuanto al pago de impuestos. Además, se plantea la creación de un consejo nacional de la lectura y el libro, que de aprobarse, estaría compuesto por representantes de diferentes sectores entre los que prevalece el Ministerio de Educación como ente rector.

Ferreiro argumentó en el documento de petición que la “lectura es una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización; es decir, como un elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática. El hábito lector transforma la información en conocimiento”.

El senador de Avanza País además dice que Paraguay tiene índices “alarmantes” e “insuficientes” de lectura”. Esto es cierto: recientemente, la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), cifró en 0,25 los libros leídos por los paraguayos cada año. Es decir, el promedio es de un cuarto de libro leído por cada habitante del país de acuerdo a los cálculos que efectuaron. Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos de 2013 cifró en 3,1 los libros que se leen cada año en Paraguay, siendo la media latinoamericana de 3,6 per cápita. Estos índices — dice Ferreiro — “son insuficientes y sumados a los índices de baja escolaridad, abandono de la escuela, y la baja productividad escolar” dan como resultado egresados de instituciones de enseñanza que carecen del nivel de lectura necesario para insertarse satisfactoriamente en el mundo de hoy.

Entre los puntos clave del proyecto está la promoción de la lectura a través de diferentes formas, el incentivo a la producción de textos, a la lectura en las escuelas y casas y a la exoneración de impuestos para la importación y la movilidad de las empresas editoras de libros, una cuestión que solo rige en parte con la Ley de Libros vigente que, como se dijo, data de 1991. Uno de los problemas es también la regularización de la propiedad intelectual en cuanto a libros y la aplicación del código internacional ISBN para los textos paraguayos.

El proyecto nuevo también redefine los conceptos de autor, distribuidor, editorial, librería, libro paraguayo, revistas, etc., para de esta manera sentar las reglas de aplicación de la nueva ley.

SIN PLAN DE LECTURA

El último Plan de Lectura del Ministerio de Educación fue solo hasta 2015. Este nuevo proyecto propone su implementación a través de una “dotación presupuestal regular y suficiente”.

“El Gobierno Nacional fomentará la edición y producción de libros, en todos los soportes, y su traducción a otras lenguas, a través de estímulos fiscales, compras públicas, fondos asignados por concurso. Las importaciones de materias primas e insumos para la impresión o edición de libros, como asila importación de libros, periódicos y revistas estarán exentos de impuestos y derechos de aduana. Las editoriales estarán exentas del impuesto a la renta. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, porcentajes y la duración de esta exención. La venta de libros estará exenta del impuesto a las ventas o Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, reza otra parte del documento.

El consejo nacional de lectura 

La creación de un consejo nacional de lectura también está prevista dentro de esta nueva ley. Este órgano controlará la aplicación de la Política Nacional de Fomento de la Lectura y el Libro. El Consejo estará adscrito al Ministerio de Educación y Ciencias y tendrá las siguientes funciones. Se prevé que esté compuesto por el MEC, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), representantes de los editores, de los libreros, de los distribuidores y de las oenegés. Todo estará controlado por el Ministerio de Educación.

Pasaron más de 9 meses desde la presentación del proyecto y recién está en comisiones del Senado. El camino será largo, pero la nueva ley es una necesidad para el fomento de la lectura en el país.

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